Sin confianza y sin controles

Por: Horacio Cárcamo Álvarez
Llama la atención la desconfianza que las entidades territoriales generan en el nivel central. Es casi cultural la prevención contra el sector público en asuntos de transparencia y honorabilidad. Además es un fenómeno universal y reconocido la suspicacia de las sociedades con el Estado y en particular con sus gobernantes, a quienes de entrada se les sindica como bandidos y tramoyeros. En la India, por ejemplo, el servidor público se presume ladrón.
La percepción no es regalada. El Estado, aún, en los antiguos sistemas comunistas, siempre ha sido un proveedor de beneficios a sectores privilegiados que dominan la política y la economía. La historia nos demuestra que el bienestar y la opulencia de quienes representan esas minorías es la otra cara de la moneda de pobreza y exclusión que caracteriza a grandes mayorías. Desde la colonia hasta nuestros días los que usufructúan el poder flotan en riquezas y lujos por cuenta de la explotación y la esclavización de los pueblos.
La desconfianza con las entidades territoriales se hace más evidente hoy con la atención de los damnificados por el invierno. Los operadores de la política de atención a las víctimas y de reconstrucción del país serán los gobernadores y alcaldes, y estos no son de fiar; en parte, porque no cuentan con la institucionalidad suficiente y eficiente, y también, por la corrupción que los cerca.
La corrupción no tiene corazón, no cede ante el dolor y el padecimiento humano; tampoco se atemoriza con las autoridades de control. Por el contrario, la tragedia es carroña para engordar arcas de timadores. Patético es lo que sucede en Haití, donde un año después del terremoto en medio del dolor por los muertos, la destrucción y nuevos padecimientos como el cólera no han logrado desterrar el despilfarro y el pillaje, a pesar, que los recursos provenientes de la solidaridad mundial son para la reconstrucción moral y física de la nación.
No es remota la posibilidad que en Colombia, al igual que en Haití, el saqueo continúe a la tragedia y se aborte la posibilidad de reinventar el país, modernizarlo en infraestructura y achicar la brecha social, para volverlo más equitativo y justo tal como lo reclama un Estado que se precie de consecuente. Esto último es una deuda histórica pendiente de saldar para poder resolver el problema de la guerra.
Es cierto; el gobierno nacional tiene sus temores, tanto, que ha amenazado a los gobernadores y alcaldes con relevarlos del manejo de la plata a la mínima sospecha. Les advirtió además, que les respira en la nuca, y los conmino a la firma de un pacto ético para garantizar transparencia en la ejecución del gasto y evitar su despilfarro. Dios permita dentro de un año no estemos lamentándonos por el dinero y tiempo perdido. El gobierno conoce los peligros que implica poner al diablo hacer hostias y más en un año electoral. Los inversores y dueños de gobernaciones y alcaldías no se imaginaron que Santa y los reyes magos le tenían este regalito.
En un país como el nuestro, que se debate en medio de una crisis moral y cívica los pactos de transparencia, éticos, o como se les quiera llamar, los gobernantes se los pasan por la criadillas, y no dejan de ser inofensivos saludos a la bandera.