NUEVO CIUDADANO

Derechos o caridad

Por: Horacio Cárcamo Álvarez

No hay un solo sector de la vida nacional; social, político o económico, por muy reaccionario, que no exprese su complacencia con la paz. Sin embargo, por mucho entusiasmo suscitado es poca la mención sobre lo que estarían en disposición de sacrificar en aras de lograrla.

Se coincide, por distintas  razones, en que se trata de un problema  exclusivo del Estado. Las grandes oligarquías del poder así lo expresan al reclamar seguridad, convencidas, que solo el ejercicio de la autoridad subordina a los facinerosos, y el resto de la sociedad, los común y corriente, también al considerar que no cumple con su razón filosófica e histórica al no crear las condiciones objetivas necesarias para propiciar la justicia y la equidad.

La diferencia, en la coincidencia, estriba en que  la guerra les facilita a los primeros acumular más riquezas y a los segundos  pauperizarse en medio de las limitaciones y el dolor que les causan los muertos de la confrontación. Los combatientes en todas las filas  son  hijos de familias pobres o jóvenes campesinos  desarraigados a quienes los “warlords”, señores de la guerra, les ofrecen morirse defendiendo intereses de quienes les explotan y discriminan.

Caracterizar el conflicto en Colombia no es fácil. Eduardo Pizarro lo define como un “conflicto armado interno, irregular, prolongado, con raíces ideológicas, de baja intensidad en el cual las principales víctimas son la población civil y cuyo combustible principal son las drogas ilícitas”.

El presidente Santos virando en  sentido contrario  reconoce la existencia del conflicto e “inicio un proceso masivo de apoyo a las víctimas del mismo, empezando por la restitución de sus tierras”, tal como lo ha manifestado el ex presidente Samper.

Empero, la decisión de devolver las tierras a quienes fueron despojados a punta de fusil no cae bien en las elites del país. El ex presidente Uribe vocero de ese grupo manifiesta que “la nueva legislación, y el proselitismo político que la acompañan, están creando el riesgo de generar nuevos odios contra los empresarios del campo, que ya se venían superando”.

Esta teoría resulta curiosa por invertir la lógica del conflicto convirtiendo en víctimas a los “empresarios del campo”, y en victimarios: a los campesinos que demandan, más que caridad, el derecho a que se las devuelvan. también al Estado, que en un acto de justicia creo el ordenamiento jurídico para lograr que las tierras compradas a precio de huevo podrido regresen a sus dueños raizales.

Cuando  en la sub región  de Montes de María las tierras quedaron libres de guerrilleros; derrotados militarmente; dé para-militares por las desmovilizaciones y de campesinos que las abandonaron por las masacres y el desplazamiento forzado aparecieron los “empresarios del campo y se hicieron a 37 mil hectáreas a través de toda clase de triquiñuelas. Despojo que conto con el concurso, según el informe de la revista Semana, de “funcionarios del Incoder, y algunos notarios y funcionarios de la oficina de Registro Público.

El despojo transformo la propiedad en Montes de María. Convirtió los minifundios, en otrora de campesinos prósperos, en latifundios de  “empresarios del campo”. El derecho a la democratización de la propiedad de la tierra ahora lo suplanta la misericordia de los terratenientes, como en los cortijos de la época feudal donde por caridad se les bridaba a los campesinos explotados un plato de comida caliente en navidad.