Por: Horacio Cárcamo Álvarez
El país esta consternado con los casos de corrupción publicitados, y aunque eran conocidos las proporciones no las había calculado el gobierno ni los organismos de control. Ya lo dijimos en otra ocasión; lo grabe de la corrupción moderna no es la calidad de las obras que se construyen o de los bienes y servicios que se suministran, sino el peligro en que se pone la existencia del Estado; y aunque parezca exagerado, la viabilidad como nación.
En el debate sobre salud el senador Robledo advertía que la corrupción generaba más muertes que el conflicto armado; esta afirmación pone de presente frente a qué enemigo se encuentra la sociedad. Las cifras del dinero que va a parar a los bolsillos de los bandidos del erario público superan con creces todas las reformas fiscales propuestas por los gobiernos para financiar la política social.
Es válido el interrogante: El subdesarrollo del país, con su consabida pobreza, se debe al conflicto armado o al desfalco del Estado? Cualquiera podría ser la respuesta, pero lo cierto es que la corrupción promueve la inequidad social y aumenta la concentración de la riqueza: dos detonantes de la criminalidad.
En otras latitudes los escándalos de los últimos días tuvieran a la ciudadanía en las calles reclamando justicia y castigo; en Colombia la reacción de la sociedad más parece de indiferencia, distante de la beligerancia que han demostrado los órganos de control. Con excepción de columnistas de medios impresos y radiales el interés por el tema no concita al ciudadano. Es curioso, por decir lo menos, el poco interés de la sociedad por los asuntos públicos en un país donde la asimetría del ingreso y los desequilibrios sociales le corresponde al Estado compensarlos con la política social.
La política es un tema tan serio, que no se puede dejar exclusivamente a los políticos. A través de la política se define la filosofía del Estado, del gobierno y de los partidos políticos. Siendo así los pueblos tienen el Estado y a los gobernantes que se merecen. Una sociedad que no se apodera de la política es instrumento siego de su propia destrucción.
Ciudadanizar la política es la oportunidad para rescatar lo público. La política no puede seguir siendo una actividad de la que se auto-relega la sociedad con el pretexto de no interesarle o cualquier otro. No participar o hacerlo mal es facilitar el ascenso a la mediocridad. Siendo lo público un asunto tan serio no podemos dejarlo en manos de los menos capaces y menos íntegros, porque sin proponerlo nos convertimos en cómplices de sus desaciertos.
Los esfuerzos por modernizar al Estado y limpiar la política de malos protagonistas y acciones parecen infructuosos. A cada obstáculo de corrupción removido sobreviene uno peor, y más que eso, el miedo a la administración de justicia es marginal, quizás porque se tiene la percepción que ésta perdió su poder intimidatorio y de juzgamiento. Ni la tragedia humanitaria que se vive, como en el caso de la ola invernal, o el daño en la vida de la gente, que se puede causar con el saqueo a los recursos de salud detiene el robo.
A la corrupción no se detiene ante cuantías o escenarios; las denuncias son escalofriantes y el acto se perpetua no importa que quien se victimiza este en situación de vulnerabilidad extrema. En el departamento de Bolívar el sobre costo, según informe de la Contraloría General de la República, de unos mercaditos que se entregaron para limosnear el hambre a los damnificados de la ola inverna es del 23%
Estamos ante miserables capaces de quitar la comida al hambriento para alimentar la gula de la riqueza propia.
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