Estado fallido

Por: Horacio Cárcamo Álvarez
Hacen diez años mucho se hablaba de si Colombia era un Estado fallido, y no faltaron quienes lo consideraran como tal. Aunque nos pareciera exagerado en ese tiempo, estándares definidos para evaluar la viabilidad de un Estado desbordaban nuestras posibilidades y nos ubicaban en la lista de los no, al lado de repúblicas Africanas como el Congo y Costa de Marfil.
El estándar considera viable un Estado cuando este es capaz de garantizar a sus súbditos: seguridad, bienestar y derechos. Un Estado legítimo diseña políticas públicas para satisfacer necesidades básicas de sus ciudadanos, y solo permite gobiernos democráticos apegados a los límites de la norma. Para Lord Acto un gobierno solo es legítimo si esta efectivamente limitado.
La guerrilla, el narcotráfico y por último el paramilitarismo conllevaron a los centros de estudios del mundo a cuestionar la viabilidad del Estado Colombiano; y particularmente lo hicieron a partir de uno de sus elementos constitutivo, desde el punto de vista de la teoría constitucional, el territorio.
El territorio colombiano se fracturo en por lo menos tres pedazos en los que brillo la usencia de autoridad legal, y donde además, el control y el monopolio de la fuerza corrían por cuenta de agentes armados al margen de la ley, legitimados a través del miedo y la violencia con asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos.
Los Colombianos de a pie sentían que el Estado se desmoronaba. Los secuestros masivos a miembros de las fuerzas armadas, las pescas milagrosas, la toma indiscriminada de ciudades por parte de la guerrilla y las masacres perpetradas por paramilitares reducían a la impotencia a una sociedad civil que percibía el aparato del Estado como endeble e impotente.
Ante el fracaso de la paz Uribe propuso la mano fuerte y logro llegar a la presidencia de la república con un discurso incendiario y frentero; su modelo guerrerista hizo retroceder a la guerrilla a sus guaridas en lo más espeso de la selva y a lugares inhóspitos de las montañas. También desmovilizo a los paramilitares en un proceso controvertido y poco confiable.
También en el tiempo de la seguridad se desmovilizo, amparado en el argumento del mal mayor, la ética administrativa. Los escándalos de corrupción y las “bacrim” son el testimonio de lo que podríamos llamar el “gobierno perdido”.
Mientras se recuperaba el control del territorio crecía otro mal, igual o más peligroso a las otras plagas que nos aquejaban. La corrupción administrativa tiene en jaque al Estado; lo sucedido en estos últimos años trasciende la imaginación; de las coimas se paso al robo descarado y perpetuo.
Los Nule en Bogotá son solo una muestra de lo que sucede en un buen número de municipios y departamento del país secuestrados por mafias políticas. Así como en su momento el gobierno era impotente para controlar el territorio que usurpaban grupos armados, hoy lo es para evitar la corrupción; es consciente del fenómeno pero solo alcanza a reconocer su existencia.
Los criminales de cualquier pelambre, no le temen al Estado, por el contrario lo retan. Las “bancrin” se enfrentan a plomo contra la restitución de tierras y los funcionarios públicos hacen su agosto con la plata que es para financiar políticas públicas.
El Estado se vuelve fallido porque no encuentra como evitar que se lo roben; y de esto la sociedad y el gobierno son conscientes.